Por Alejandro Mosquera
· Desmantelar el mecanismo que permite endeudar al país para fugar capitales
· Nueva ley de entidades financieras para el desarrollo nacional
· Ley que prohíba a los funcionarios públicos tener capitales en guaridas fiscales
· Auditar la deuda externa
La persistencia en democracia de la Ley de entidades financieras de la dictadura cívico militar, el mega endeudamiento externo por parte de Macri, Milei y sus Ceos, la fuga de capitales y la operatoria de funcionarios que eludieron y evadieron pagar sus impuestos o delinquieron a través de los llamados paraísos fiscales, son procesos y realidades que deben ser tratados unificadamente.
El endeudamiento externo no fue destinado al desarrollo estructural del país sino a instaurar un cogobierno neocolonial y asegurar tanto su rol geopolítico en la región como garantizar el saqueo de nuestras riquezas naturales, como a permitir y estimular la fuga de capitales Una parte de ellos escondido en guaridas fiscales.
Estos paraísos fiscales están diseñados para actuar en la oscuridad. Los funcionarios públicos que ya poseían capitales y bienes en esas guaridas actuaron desde el gobierno macrista ahora de Milei defendiendo y cuidando tanto sus propios intereses como los del capital financiero especulativo.
Tanto el escándalo de los Panamá Papers y otros del mismo tipo, pero sobre todo el estudio de las organizaciones e instituciones internacionales que luchan contra estos paraísos fiscales, muestran a las claras que la mayoría de las empresas fantasmas que operan en ellos son creadas para evadir y eludir al fisco, para ocultar conflicto de intereses y otras actividades ilegales. El maquillaje de legalidad de esos paraísos fiscales es un recurso para proteger a estos delincuentes, es parte de la impunidad que buscan quienes los utilizan.
La fuga de capitales durante el período macrista fue según el informe del Banco Central de 86.200 millones de dólares Divisas que si hubieran sido invertidos en el país, en la producción, si pagaran los impuestos que les corresponden, si hubieran estado al servicio de terminar con la recesión, estaríamos hablando de una nación sin desempleo, sin hambre, con un sistema salud con capacidad de enfrentar la pandemia, con más escuelas y universidades, con más seguridad. Con la infraestructura necesaria para impulsar nuestra capacidad exportadora.
Se podrá sostener que la fuga de capitales es un problema que arrastramos hace décadas. Sin embargo, el endeudamiento externo para fugar capitales es un mecanismo perfeccionado durante el macrismo por el ministro de finanzas Luis Caputo y actual Ministro de economía de Javier Milei.
Funcionarios claves de la estructura estatal han sido parte y seguramente lo siguen siendo, de los que fugan esos capitales, son accionistas o directores de oscuras empresas off shore. No solo han sido representantes de los que se enriquecen cuando se derrumban la economía de los países, sino que ellos idearon y se sirvieron de este mecanismo para beneficio propio, personal o de sus empresas.
Vale la pena recordar que Luis Caputo manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware, otra jurisdicción donde imperan el secreto y los beneficios fiscales.
La sociedad argentina ha sido víctima de conductas ilegales y delictivas. Es una víctima de este mecanismo que se utilizó para saquear los bienes, trabajo y riquezas que los argentinos tenemos en común.
Estar con las víctimas de tanto delito, es tanto impulsar que el poder judicial actúe, como también no permitir que vuelva a ocurrir cambiando los déficits estructurales y normas que lo permitieron.
“La ley” de entidades Financieras de Martínez de Hoz y Videla
El bando militar auto titulada ley 21526 sancionada el 14 de febrero de 1977 fue y es un canal que permite los reiterados ciclos de endeudamiento del país. La libertad de tasas que permitió ese nuevo orden legal fue una de las condiciones necesarias para los movimientos de capital especulativo que entraban y salían sin restricciones.
La ley de entidades financieras fue el cimiento sobre el que se constituyó el neoliberalismo en la Argentina y se reorganizó la economía con un proceso de destrucción de los salarios, la precarización del trabajo y de concentración del ingreso, la propiedad y la riqueza.
Recuperamos a Jauretche cuando señalaba “El que maneja el crédito y lo orienta, maneja a la economía del país con mucha más eficacia que el gobierno. El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite. El que maneja el crédito estimula determinadas formas de producción y debilita otras; el que maneja el crédito establece qué es lo que se ha de producir y qué es lo que no. El que maneja el crédito crea moneda de pago y poder adquisitivo. El que maneja el crédito decide qué se produce en el país y qué no se produce, quién lo produce, cómo lo produce, cómo lo vende y cómo lo acapara, adónde lo exporta y en qué condiciones; determina las condiciones de la plaza, incide en la bolsa, todo, en una palabra. El secreto de la prosperidad o la decadencia, del desarrollo o del atraso, está en gran manera en los bancos”
Está claro que aquel bando de la dictadura fue creado para entregar el manejo del país al capital financiero transnacionalizado. Y gestó las condiciones que permitieron las catástrofes económicas que nos sucedieron desde allí.
Una salida Soberana de las estafas
Para desarmar el mecanismo que estafó al pueblo argentino, además de auditar la deuda externa, denunciar la ilegalidad tanto del FMI como de los Gobierno de Macri y Milei en los mega préstamos otorgados al país, para crear las condiciones del desarrollo productivo y defender los ahorros del país es necesario
· Se tiene que investigar la fuga de capitales, y establecer la responsabilidad penal de los funcionarios que la estimularon y/o estimularon.
· Sancionar una nueva Ley de Servicios Financieros que derogue la “ley” de entidades financieras de la dictadura militar y que sirva para el desarrollo del país, cuidar el ahorro de los argentinos y promover la producción y el trabajo nacional.
· Ley que prohíba que funcionarios públicos tengan bienes y capitales en cuentas offshore en paraísos fiscales.
No existe andamiaje justificatorio que explique satisfactoriamente los motivos por los cuales los principales funcionarios del gobierno, desde el presidente de la Nación hacia abajo, operaban cuentas de dinero y sociedades en guaridas (paraísos) fiscales.
El conflicto de intereses entre sus intereses particulares, las de sus socios en esas sociedades y su vinculación privada con las grandes corporaciones del capital financiero que en muchos casos son sus clientes, es decir que trabajan para ellos y los intereses soberanos del país y sus ciudadanos es flagrante.
No existe ni la mínima autonomía de sus decisiones y la pérdida de soberanía nacional es gigantesca.
Por ello es necesario que la Democracia argentina imposibilite seguir con estas incompatibilidades que son parte de la base sustancial de las estafas que vivió y vive nuestro pueblo.
· Se necesita una nueva ley de ética pública que prohíba a todo funcionario público de los tres poderes del estado dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, prestar servicios o tener algún tipo de participación en sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otra estructura jurídica constituida en el exterior y que se encuentre radicada o ubicada en Países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal. O Jurisdicciones o países no colaboradores en la lucha contra el Lavado de Activos y Jurisdicciones “off shore”.
Ante esta incompatibilidad el funcionario debe cesar inmediatamente en sus funciones, incluso más allá del seguimiento de cualquier proceso penal que las conductas exijan.
La nueva Ley de servicios financieros
Que el Decreto llamado ley de entidades financieras no haya sido derogado implica una de las deserciones más importante de los distintos gobiernos, del Congreso Nacional con sus distintas conformaciones políticas. Los proyectos presentados para su reemplazo por una ley de democratización y transparencia del sistema financiero no disculpan que no se haya aprobado una nueva ley porque las mayorías cambiaron a lo largo de 42 años de vida democrática en el país.
El ministro de Economía de la dictadura cívico-militar Alfredo Martínez de Hoz llamó a ese bando militar denominado Ley 21526 de Entidades financieras: ”Esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Lo vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo más importante.” (presentación del ministro ante los militares de la Comisión de Asesoramiento legislativo de la Dictadura).
En realidad fue un ariete principal para hacer un cambio total en el sistema económico y financiero. No solo descentralizó los depósitos y liberalizó las tasas de interés sino que desregulo el sector que dejó de fomentar la actividad productiva para impulsar la especulación financiera. Construyó a un sistema financiero concentrado y extranjerizado.
Está claro que entre los grandes ganadores del modelo neoliberal son los bancos y grupos concentrados financieros y que no se haya podido derogar y reemplazar este decreto de la dictadura implico una debilidad creciente de la democracia frente al poder de lobby, presión y corrupción del sector.
Una nueva ley debe ser producto de la recuperación de un paradigma democrático y soberano del país los objetivos se pueden sintetizar parcialmente en:
- Convertir la actividad financiera en un servicio de interés público para contribuir al desarrollo económico y social.
- Impulsar el acceso universal e igualitario a los servicios financieros
- Promover el ahorro nacional, y satisfacer las necesidades transaccionales y de crédito de todos los habitantes.
- Proteger los ahorros colocados en las entidades financieras e impulsar una regulación transparentes de las nuevas formas de intermediación y organización financiera en las plataformas y entidades.
- Impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Y el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares.
Así daremos los pasos necesarios hacia un país que pueda estimular y desarrollar la producción y el trabajo. Daremos pasos hacia democratizar y transparentar la economía, pasos hacia un país más justo, más igualitario.
