Pablo Paillole es un pequeño productor rural y dirigente agrario. Hijo y nieto de chacareros, hoy en sociedad con su hermano trabajan una parcela de 60 hectáreas en la provincia de Córdoba. “Producimos centralmente soja y maíz, con destino a alimentar los cerdos de un criadero propio que impulsamos hace unos 20 años, casi por una cuestión de tradición familiar. Mi abuelo tenía un criadero de cerdo, mi viejo también tuvo un criadero de cerdo y nosotros seguimos con la misma actividad. Pero también lo hicimos asumiendo el desafío de dar valor agregado a la producción primaria y transformar los granos en carne, más todo lo que eso motoriza a partir de allí”, así se presenta.

Paillole militó desde su temprana juventud en la Federación Agraria Argentina, y actualmente es director de Bases Federadas. Así cuenta su evolución como dirigente:

–Desempeñé 14 años el cargo de director dentro de la estructura de FAA. Bases Federadas es un nucleamiento de pequeños y medianos chacareros que se formó, recién en 2018, como agrupación dentro de la entidad, a partir de las discrepancias que teníamos muchos de los afiliados con la conducción que terminó de arriar sus banderas históricas en un alineamiento automático con la Mesa de Enlace, que para ese entonces se había transformado en la pata política de Cambiemos, y todavía lo sigue siendo.

Luego vimos que como agrupación interna se limitaba demasiado nuestro accionar, ya por trabas estatutarias ya por ausencia de un funcionamiento más democrático. Entonces fuimos avanzando con nuestra línea hasta obtener una personería jurídica. Hoy Bases Federadas va camino a constituirse en una entidad gremial independiente. Omar Príncipe es su presidente.

–Aquellas discrepancias coyunturales, ¿expresaban también un disentimiento programático?

–Para ser precisos: nuestro objetivo retomar los principios y programas históricos de Federación Agraria. Pero hace siete años, lo mismo que en el presente, nos separa de las autoridades de FAA una cuestión de lineamientos que no podemos obviar. Entre nuestras discrepancias fundamentales está la política de alianzas que hoy despliega. Ellos privilegian la unidad con los grupos concentrados del campo y los grandes terratenientes. No sólo eso, en los hechos terminan desvaneciendo las reivindicaciones legítimas de los pequeños y medianos productores al sumarse “de arrastre” y acríticamente a las reivindicaciones propias de aquellos sectores, en más de un aspecto, antagónicas con las urgencias y necesidades de los chacareros. Nosotros decimos que, hoy más que nunca, nuestro marco de alianzas tiene que ser la agricultura familiar, las multisectoriales, los sectores del trabajo y la producción en cada pueblo y ciudad del interior.

–¿Hoy, cómo vislumbran la situación del sector rural que representan?

–La situación de la producción agropecuaria, actualmente está marcada por un fuerte proceso de primarización y concentración. Crisis de este tipo, más temprano que tarde, lo que provocan es la quiebra y expulsión de los auténticos productores rurales, en todas las regiones. Como contrapartida, crece la concentración de tierras en pocas manos. Un fenómeno que avanza de manera indefectible con las políticas de libre mercado que, de forma deliberada, siempre ponen a competir al pequeño productor con el grande. Y como si esto no fuese suficiente daño, igual que en la gestión de Menem, el gobierno de Milei vuelve a producir una apertura indiscriminada de las importaciones. O sea, al libre mercado interno le agregan el libre mercado internacional y te ponen a competir con productos subsidiados.

–Algunas economías regionales ya vivencian una crisis que parece terminal

–Así es. El interior va sumiéndose en una gran pobreza. El efecto es previsible, no puede suceder otra cosa si la cebolla viene de afuera, el tomate viene de afuera, la naranja, el limón… Hoy se importa carne de cerdo de Brasil y hasta han llegado a importarla de Dinamarca; hora hablan de importar carne vacuna, inclusive ya está entrando carne del sur de Brasil. Para decirlo claro: el libre mercado y la apertura indiscriminada de importaciones más los tres años de sequía pasados, están llevando a la ruina a muchos pequeños y medianos productores y a su expulsión de la tierra. Lo grave es que no es una racha temporal sino un programa pergeñado para el exterminio de la producción nacional.

–¿Cómo se posiciona Bases Federadas ante semejante proceso?

–En primer lugar, nos oponemos a la gran falacia del “libre mercado”. Esto de igualarnos a todos y hacernos competir con las mismas reglas a pequeños y medianos con grandes terratenientes y/o con productores subsidiados por sus Estados de origen, es criminal. Decimos que hacen falta políticas públicas diferenciadas. No pueden pagar idénticas retenciones Grobcopatel y un chacarero de 50 hectáreas. Éstas tienen que ser segmentadas según las características de los productores y sus volúmenes de producción.

Para frenar el gran proceso de especulación y usura en el campo, también se requiere una ley de arrendamientos, tomando en cuenta que el 70 por ciento, algunos ya hablan del 80 por ciento, de la producción agropecuaria argentina se produce bajo esa modalidad. Hace falta una ley regulatoria. Que regule el precio del alquiler de la tierra, que vele por el buen tratamiento del suelo y además regule la cantidad de superficie alquilable. No puede ser que una gran empresa o un fondo de inversión arriende cuarenta mil o cincuenta mil hectáreas.

–Estas formas de producir, con fondos de inversión, el acaparamiento de tierras, la siembra intensiva y demás,  también alteran perjudicialmente la vida, y el desenvolvimiento económico y social en tantísimas poblaciones del interior.

—Desde luego. En otros países, atendiendo muchas de estas razones, está prohibido, particularmente en Estados Unidos hay reglas estrictas al respecto.

Asimismo, en resguardo de ese interior rural productivo, planteamos que es indispensable poner en vigencia la ley de agricultura familiar. Hay que terminar de reglamentarla y ponerle presupuesto.

Y por cierto, el comercio de granos no puede estar en manos de ocho multinacionales. Esas ocho multinacionales que comercializan casi el 90% de la producción agropecuaria condicionan a cualquier gobierno democrático. Ellas compran los granos, se paran arriba y chantajean a cualquier gobierno diciéndole: “Si no devaluás, no liquido y no ingresan los dólares al país”. Así de sencillo. Es por ello que planteamos la necesidad de crear un ente estatal o público con participación de las cooperativas, que intervenga en la comercialización de granos. En esa dirección, estimamos, se perdió una oportunidad muy grande  durante el gobierno de Alberto Fernández cuando retrocedió con la expropiación de Vicentin.

–Pero estas propuestas de Bases Federadas, no solamente están en las antípodas del Gobierno, también son ajenas a un espectro grande de la dirigencia política actual.

–Es verdad. Por eso insistimos que el gran debate agropecuario y madre de todas las batallas, continúa siendo si la producción la van a hacer cientos de miles de chacareros, campesinos y los pueblos originarios o la van a hacer tres mil grandes empresas. Estamos claro que, respecto de esta disyuntiva, lo que se está consolidando es la segunda opción. Es una pelea en la que venimos perdiendo por goleada. La furiosa embestida contra el INTA, por caso, es parte de esta misma batalla.

–Los espacios científicos y tecnológicos también resultan “un estorbo”.

–Así es. En los años que fui director de Federación Agraria, en su representación, me nombraron consejero en el INTA. Ejercí el cargo hasta hace tres meses, cuando el gobierno de Milei firmó un decreto para reemplazarme. Más allá de lo personal, constatamos que el gobierno avanzó y avanza en su desmantelamiento no por una necesidad de ajuste fiscal, sino cumplimentado una exigencia de su verdadero programa de gobierno, que desprecia la producción nacional y la condición soberana. Es un modelo extractivista que, en el caso de la agricultura, alienta el monocultivo y la dependencia. Entonces, en sintonía con este esquema y con este modelo de país de rodillas frente a las exigencias internacionales, también van contra todos los espacios tecnológicos y científicos, forjados durante décadas de capacitación y despliegue académico.

Este gobierno necesita eliminar la rama entera de investigación y extensión del INTA. Sobre todo, aquel despliegue tecnocientífico relacionado con la agricultura familiar, con darle valor agregado e industrializar la producción primaria. Está eliminando las áreas que plantean la protección del medio ambiente o que reparan en los daños ecológicos que producen los agroquímicos. Temas que el INTA, a partir de este gobierno, pasó a ningunear o a no prestarle la atención correspondiente.

O sea, necesitan poner el INTA exclusivamente al servicio de los terratenientes y de las grandes empresas comercializadoras para la producción indiscriminada de commodities, que se requieren para el ingreso de dólares al país y así cumplir con los compromisos externos. Sin que les importe nada el medio ambiente, el cambio climático, la contaminación ni la vida de los verdaderos productores y la gente que puebla las órbitas rurales de nuestro país. Eso explica lo que llaman “reestructuración” del INTA con despidos, venta de campos y edificios, desmantelamiento de sus agencias, la cancelación de programas, etc.

–Recientemente, otro representante del pequeño y mediano campesinado sostuvo que la Argentina es un país agrario sin debate agropecuario. Hay un desconocimiento profundo del campo. En ámbitos políticos tanto como en el periodismo hace décadas que no se debaten temas como el latifundismo. Inclusive, expresiones como “terratenientes” o “reforma agraria” desaparecieron del lenguaje corriente. ¿Es acaso un triunfo cultural de la oligarquía?

–Sí. Siempre nos corren con que todo eso “pasó de moda”, como si tuviera algo que ver con tendencias o gustos de una época y no con una cuestión estructural, cuya rémora y desequilibrio mantienen vigencia.

La percepción: “El campo”, como un bloque uniforme, es una construcción cultural para nada inocente, que oculta todas las tensiones que existen en nuestra ruralidad. Hay que derribar esta construcción falluta.

Desde Bases Federadas, impulsamos urbanizar el debate agrario. Porque somos un país en el cual la cuestión agraria tiene un peso fundamental en su economía, por más que no se discuta de ello o se oculte el debate. Pero estamos claros que la cuestión agraria no debe ser un tema de interés exclusivamente para quienes nos desenvolvemos en un medio rural. También lo es para quienes habitan los centros urbanos. Basta recorrer el Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Resistencia, Gran Buenos Aires o el Gran La Plata…, y encontrar a numerosas familias que han sido expulsadas del campo en un pasado reciente o más lejano, pero siempre por causas semejantes, dolorosas e injustas.

–Urbanizar el debate, entonces, ¿para Bases Federadas no es solamente ejercerlo en ámbitos académicos o incorporarlo a la agenda política o periodística sino instalarlo en el seno del pueblo?

–A eso me refiero. Aún cuesta introducirlo, pero es necesario llegar a todas las organizaciones sociales. Hay que introducir el debate agrario en los organismos barriales, en cada comisión popular e ir desarrollando un programa que tome como eje central el tema del uso y tenencia de la tierra. Si no hay democratización de la tierra, es muy difícil que podamos desarrollar el interior productivo. Además, hay que discutir el tema del comercio exterior, y la necesidad de crear un ente público estatal que intervenga en el comercio de granos. También la necesidad de reglamentar y poner en vigencia la ley de agricultura familiar, discutir una ley de semilla, discutir para qué queremos el INTA.

No hace falta decir que, para desarrollar este programa, el marco no es la Mesa de Enlace, sino la coordinación con otras organizaciones de la agricultura familiar; y sobre todo con las multisectorial que se armen en distintos pueblos y ciudades que incluya a todas y todos los actores de nuestro pueblo.