Por Eduardo Hernández*

El formidable impacto en nuestra sociedad del sector de la economía social y en particular el cooperativo a veces no es conocido y valorado. Para los grandes medios es un tema invisibilizado y las organizaciones del asociativismo tampoco tienen una política de difusión masiva de la cantidad de experiencias valiosas. Aparece el asombro cuando los números demuestran que su   actividad   económica   representa más de un 10% del PBI, y que varios millones de argentinos están asociados a alguna de las más de 10.000   entidades que cubren múltiples necesidades en todo el territorio nacional.

Las cooperativas se basan en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, y marcan claras diferencias con las empresas convencionales; el lucro no es el objetivo sino el mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados.

Cada empresa autogestionaria genera en su interior y a su alrededor un profundo cambio cultural claramente opuesto a los paradigmas neoliberales. Los gobiernos populares establecen alianzas mutuamente beneficiosas con las cooperativas, que colaboran en el equilibrio territorial, en la democracia económica, la ruptura del monopolio, la democratización del sistema financiero, el avance de la igualdad, y todo en un marco de transparencia.

Los gobiernos de Néstor y Cristina destinaron importantes partidas para el desarrollo y consolidación del sector cooperativo, particularmente el vinculado a la producción, y durante la gestión del INAES del período 2019-2023 se llevaron a cabo medidas que facilitaron la constitución de cooperativas, agilizaron la asignación de matrículas, promovieron el asociativismo en todas las instancias, etc. El resultado fue el crecimiento y fortalecimiento del sector de la economía social y popular.

Los desafíos del momento actual

Desde el 10 de diciembre pasado una parte de la sociedad contempla azorada una cantidad de medidas propuestas que avanzan no solamente sobre la estructura productiva   sino que afectan a la mayoría de los sectores que la integran, eliminando derechos adquiridos, impugnando la propia Constitución Nacional y provocando el empobrecimiento generalizado.

En la historia reciente el neoliberalismo ha intentado en varias ocasiones implementar sus recetas, basadas siempre en reducir el rol del estado para favorecer la concentración económica en detrimento de las mayorías. En la actualidad el proyecto aparece como el más cruel e integral, ya que – de concretarse – significaría un retroceso monumental para el conjunto de la sociedad.

El asociativismo no será una excepción. Ya apareció el intento de creación de las sociedades anónimas deportivas, que echaría   por tierra con los sueños y la participación de miles de socios de clubes.

Históricamente los gobiernos neoliberales han dificultado el desarrollo cooperativo, trabando la sanción o la aplicación de las leyes que regulan a las entidades, evitando su promoción, limitando el acceso al crédito. Existe en estas gestiones una fuerte animadversión hacia todo lo que signifique una construcción colectiva que iguale los derechos de los asociados sin considerar la posición económica individual, asegurando un auténtico funcionamiento democrático. La fuerte carga ideológica del gobierno de Milei vaticina un ataque sostenido a toda la economía cooperativa, popular y solidaria, y reclama un claro y urgente pronunciamiento de la dirigencia cooperativista, que debe sumarse al torrente popular que se opone a este tremendo intento de voltear prácticamente todo el basamento de lo que ha sido la vida armónica del pueblo argentino.

Y no vale la argumentación del “apoliticismo” del movimiento cooperativo. Aquí no se trata del debate de las retenciones o de determinada medida gubernamental sino del rumbo del país y de la sociedad.

Por supuesto también será imprescindible en esta etapa mantener y perfeccionar la eficiencia empresarial, desarrollar la mayor capacitación de los asociados, multiplicar la articulación entre cooperativas y utilizar todos los medios para la difusión de los logros del asociativismo.

Las oportunidades

Aunque las perspectivas no sean favorables, el salvaje ajuste que golpea a trabajadores y sectores medios pone al asociativismo como opción para resolver las múltiples necesidades de la población. Las crisis profundas a veces permiten que aparezcan soluciones impensadas para las necesidades cotidianas.

Los constantes y desmedidos aumentos de precios y los problemas de abastecimiento, principalmente en los artículos de primera necesidad, podrían ser morigerados a través de Cooperativas de Consumo, en las cuales los asociados pueden acceder a menores precios que los que fijan las grandes cadenas. Estas entidades funcionan en vastas regiones del territorio nacional, pero no se han desarrollado aun en las zonas de mayor concentración demográfica.

El déficit de vivienda – agudizado en las grandes ciudades y hoy agravado por la disparada de los valores de alquileres – ha sido resuelto en muchos casos con la constitución de Cooperativas de Vivienda,  gestionando la cesión de terrenos o propiedades fiscales y contando con administraciones que logran disminuir sensiblemente los costos de construcción.

En la actualidad muchos empleados públicos han perdido su empleo y todo hace prever que si la recesión se agudiza el desempleo también avanzará en el sector privado. Las Cooperativas de Trabajo se han multiplicado en las últimas dos décadas, a veces agrupando trabajadores de actividades afines o complementarias y en otros casos a partir de los quebrantos de empresas convencionales y la decisión de los obreros y empleados de hacerse cargo del manejo de la fuente de trabajo. Estas empresas recuperadas se han desarrollado fuertemente en las últimas dos décadas y han adquirido una magnitud indiscutible.

Existen experiencias muy valiosas en el terreno educativo con las Cooperativas de Enseñanza, constituidas en algunos casos por docentes asociados en Cooperativas de Trabajo, en otros como Cooperativas de Provisión de Servicios, integradas por los propios padres de alumnos, y también constituyendo entidades basadas en la combinación de ambas organizaciones.

Los augurios de aumentos desmedidos en las tarifas vuelven a poner en debate la cuestión de la administración de las empresas de servicios públicos. En el país hay más de 800 Cooperativas de Servicios Públicos, que garantizan no solamente un óptimo servicio sino la vigencia de tarifas justas, a través de la administración y el control de los propios asociados.

Además de los rubros señalados, nuestro país tiene un gran despliegue cooperativo en prácticamente todos los ámbitos – Producción Agropecuaria, Crédito, Provisión, Seguros, etc. – que frente al panorama actual pueden asumirse como potenciales soluciones.

La batalla es desigual.  Enfrente está el poder económico concentrado y su voracidad ilimitada.  Sin embargo, si el movimiento cooperativo y todos los componentes de la economía social y popular se mantienen unidos conformarán un gigantesco aporte a la lucha de todo el pueblo por recuperar el rumbo de la construcción de un país más justo e igualitario.

*Eduardo Hernández: *Integrante de cooperativas y cámaras gremiales empresarias. Promotor y difusor del asociativismo a través de los medios radiales, gráficos y televisivos