Buenos Aires, 21 de agosto 2023
Las políticas estatales a la Seguridad pública y comunitaria han demostrado la falta de respuestas a la altura de las modificaciones que se fueron produciendo en los tipos de delitos, como en otros casos de complicidades diversas. Todo ello demostró la inviabilidad del modelo de seguridad sostenido históricamente y las consecuencias que ha tenido que durante décadas el poder político civil haya delegado en las fuerzas policiales tanto la seguridad como las políticas de investigación y persecución del delito.
Una reforma en serio con capacidad de desarrollarse en el tiempo necesita pensarse y planificarse desde una agenda más amplia que la cuestión policial y penitenciaria. Y debe partir de terminar con la delegación que realiza la Política de la cuestión seguridad y asumir la responsabilidad del diseño, planificación, y comando de la política de seguridad articulando todos los esfuerzos estatales en sus distintos niveles y poderes.
Los proyectos e intentos reformistas en el país fueron productos de crisis de seguridad, del estallido de situaciones violentas o del reconocimiento de la corrupción policial a niveles insoportables por la sociedad. No nacieron de una planificación de la transición del modelo histórico a que cambiara el viejo paradigma por una seguridad democrática y comunitaria. No resistieron la permanencia en el tiempo tanto porque no lograron romper las complicidades y zonas grises entre política, poder judicial y delito que para mantener su poder socavaron las bases de sustentación reformista, sino porque el oportunismo electoral de parte de la dirigencia política ante la demanda social de mayor y mejor seguridad presionaron para volver al viejo modelo que les permitía ufanarse de ”hacer” delegando la misma en las jefaturas policiales, presentando proyectos de endurecimientos de penas, de limitación de excarcelaciones, esgrimiendo directivas políticas de mano dura.
Está probado reiteradamente su ineficacia y el agravamiento de los problemas de inseguridad que provocan, pero el populismo punitivista de manos de diversos e inclusos antagónicas posiciones políticas se ha convertido en parte del problema para no avanzar en la transformación de la seguridad pública como política para garantizar el ejercicio pacifico de todas y todos.
Hay que señalar aquí que en algunos sectores progresistas el desentendimiento de la seguridad, incluso solo verla como solo práctica opresora estatal y ligar la solución de la demanda social sobre la inseguridad a una futura sociedad mejor, sin proponérselo, alimentó la idea en parte de la población de que solo la derecha es la única con capacidad de ocuparse de la persecución y represión del delito.
La delegación de las políticas estratégicas de seguridad en las agencias policiales, la autonomización de las fuerzas policiales, la debilidad de los controles, combinado con la saturación de efectivos del territorio como única o. principal medida, articulado con un servicio de justicia penal que se convirtió en parte del problema de la impunidad tanto por la lejanía de los problemas reales de la sociedad, como por la cooptación por parte de los interese de las grandes corporaciones, los servicios de inteligencia, y los aparatos políticos, son parte esencial de los problemas que la democracia debe enfrentar.
El viejo paradigma puso en el centro del accionar, organización y capacitación de las policías al control social de determinados grupos sociales en detrimento de la idea de prevención y represión del delito, de la resolución de conflictos y disminución de la violencia. Este paradigma fue uno de los escollos principales para la profesionalización, modernización y mejoramiento de la seguridad comunitaria y sobre todo de la persecución de los delitos complejos.
Este modelo de seguridad pública expresa la dificultad del sistema de abordar la complejidad delictiva y social. Basa su efectividad en la flagrancia, y se focaliza en los eslabones más vulnerables y fungibles de las redes delictivas, sin una persecución, detención y juzgamiento del centro de la organización ilegal. El efecto es más violencia que derrama tanto hacia esos segmentos sociales empobrecidos y hacia el propio personal policial.
Las políticas neoliberales y la utilización del miedo para gestar consensos expandieron los conceptos de seguridad y las derechas impusieron la idea de que se pueden solucionar los problemas sociales, los conflictos de la desigualdad, con el código penal. En un país arrasado por el genocidio y luego por los otros ciclos neoliberales y una profunda desigualdad y pobreza se demolió el umbral construido de no represión a la protesta social y la necesidad de que el estado de derecho proteja el ejerció de las libertades publicas.
En estos ciclos regresivos del país se introdujo la doctrina norteamericana de las “nuevas amenazas” que expresa una variante de la construcción del enemigo interno para que por sola presencia o peligro de estas se active el aparato estatal represivo. En la Segunda Conferencia Ministerial de Defensa del Continente Americano que tuvo lugar en San Carlos de Bariloche, entre el 7 y el 9 de octubre de 1996, en las conclusiones se rescata la concepción. Entre esas nuevas amenazas mencionan
el creciente desempleo, la marginalidad de grandes sectores de la población, el narcotráfico, el Terrorismo en sus diversas modalidades, el crimen organizado y las violaciones a los derechos humanos, incluida la discriminación étnica, religiosa y política.
Por supuesto en esta concepción las nuevas amenazas no son el desempleo sino los que protestan por el desempleo, tampoco la marginalidad de grandes sectores de la población sino las resistencias a las políticas neoliberales, todo mezclado con las acusaciones de terrorismo y crimen organizado. Así se construye un arquetipo de enemigo interno que va desde los resistentes, piqueteros, organizaciones populares, jóvenes de barriadas carenciadas, pueblos indígenas que reclaman por sus tierras, dirigentes sociales. El enemigo interno no es solo una construcción desde los aparatos represivos, sino también desde los dispositivos ideológicos, desde los medios masivos de comunicación, desde dirigentes estatales. La aceptación de esta doctrina es parte de la colonización de los sistemas de seguridad y defensa, de la pérdida de soberanía. Uno de sus subproductos que mas impactan son el crecimiento de la violencia institucional, o del genocidio por goteo.
Parte de los promotores de esta doctrina cada tanto vuelven a poner como solución de los problemas de inseguridad la participación de las FFAA en temáticas policiales, rompiendo uno de los consensos básicos que con el retorno a la democracia forjamos los argentinos ligado a la separación tajante entre la defensa nacional y el papel de las FFAA en la misma con la seguridad interna. No solo porque las FFAA no están preparadas y entrenadas para los conflictos internos, ni en la persecución del delito, sino por el daño que se puede realizar a las estructura republicana y democrática como a las propias fuerzas armadas en un país como el nuestro que ha vivido tantos golpes de estado. La estructura legal nos protege de los delirios militaristas, pero cada tanto surgen con fuerza por vía de cambios en las leyes o tratando de encontrar resquicios que permitan implicar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna.
¿Cómo incidirá la competencia entre EE. UU., China y Rusia en las políticas de seguridad de nuestra región? ¿las modificaciones del presidente Biden en el plan sobre la Seguridad de EEUU y entre ellas poner en primer plano el conflicto con países extra-región derivará en otras formas de intervención y políticas para América latina? Está por verse, pero debemos prever nuevos cambios y adaptaciones tanto por esa disputa internacional como por los procesos nacionales y los intentos de EE. UU. frenar una nueva ola de gobiernos progresistas en la región.
La Inteligencia Artificial en la seguridad y en la persecución penal
La inteligencia artificial (IA) era, hasta hace poco tiempo, solamente un tema de investigación científica. En los últimos años ha habido una expansión sorprendente de las diversas formas y aplicaciones que la IA puede tomar, cautivando a distintos sectores, todos ellos exponentes de espacios de poder en sus respectivas áreas.
A esta creciente expansión, cuyos alcances y consecuencias analizaremos oportunamente, se suma el año 2019, el uso de la IA en forma extensiva sobre el conjunto de la población de diversos países debido al surgimiento del Covid 19, virus causante de la pandemia que ha posibilitado el uso masivo de distintas tecnologías, que por un lado, verifican contagios, circulación, y demás circunstancias vinculadas al virus, y por otro resultan ser una inmensa herramienta de control social, a la cual los ciudadanos se someten sumisamente, bajo la premisa de que esta renuncia a sus libertades individuales es en pos del cuidado de su salud.
Con esta justificación, diversos países han creado aplicaciones que la población descarga en sus teléfonos móviles y que sirven para efectuar el rastreo de los usuarios, sus contactos con otras personas, los lugares por los que han circulado, y toda otra información que resulte de interés.
Se trata de una tecnología altamente invasiva, cuyo funcionamiento resulta invisible para la población en general, pero que es capaz de penetrar en los distintos aspectos de la vida privada, social, laboral, política.
Ciertamente, es necesario expresar que no es la Inteligencia Artificial la que resulta dañosa para la libertad de las personas, sino el uso que el sistema hace de ella.
Se ha desarrollado una nueva forma de capitalismo, el capitalismo de la vigilancia, que es quien impone una forma de sumisión, que se está desarrollando en forma desmesurada, sin el debido encuadramiento legal, y sin tenerse en consideración una perspectiva desde el respeto a los Derechos Humanos.
Mediante el uso de la IA se han desarrollado, particularmente en los EEUU, programas aplicables al Derecho Penal, que son rechazados y criticados por estudios científicos, que tienen en consideración las garantías individuales, y advierten sobre los riesgos que conllevan estas nuevas tecnologías.
En el ámbito del Ministerio Público de la CABA se ha desarrollado y se viene utilizando un sistema llamado Prometea, que posteriormente se ha extendido a varias provincias, con posibilidades de su uso federalizado.
Esta IA se usa actualmente para el dictado de resoluciones “burocráticas”, pero nada obsta a que su uso se extienda a resoluciones de mérito, con la deshumanización y falta de consideración de factores individuales que ello conllevaría.
En los EEUU se ha desarrollado un programa de algoritmos que “predice” el riesgo de reincidencia COMPAS (Correctional Ofender Management Profiling for Altern active Sanctions), esta IA considera parámetros como la educación, la historia personal, el barrio, edad del delincuente, la raza, y también sentencias anteriores para determinar la posibilidad de comisión de un nuevo delito. Un análisis de personalidad al estilo de la película Minority Report .
En Japón se han desarrollado robots como agentes provocadores bajo la forma de niños virtuales on line para detectar pederastas, e incluso empresas japonesas han lanzado al mercado muñecas robóticas con aspecto de niñas especiales para el uso de pederastas, y así evitar abusos contra menores humanos.
Los ejemplos cada vez son más numerosos, he escogido los más discutibles y riesgosos, y los que han suscitado críticas más severas, por las repercusiones negativas que su uso genera.
En nuestro país no existe una legislación específica que encuadre y limite el uso de la IA, pese a existir diversos programas que están siendo aplicados, por ello nuestra tarea como organización política debería consistir en una normativa precisa, que desde la órbita de los derechos humanos, controle esta poderosa herramienta.
Las cuestiones a considerar son varias: la recopilación, depositario y uso de datos personales, el uso de la IA en la justicia penal, el reconocimiento facial, del uso de drones, el rastreo mediante aplicaciones, son algunas de las herramientas utilizadas por el Estado, por empresas privadas, y por personas particulares, nuestra tarea es realizar un relevamiento de estos programas, determinando su utilidad y confiabilidad, y como corolario de este trabajo, como ya he expresado, enmarcarlos en una normativa muy precisa, que evite el avasallamiento de los DDHH.
Cuadro situacional
El análisis debe tomar en cuenta la evolución del delito, mostrar no solo los que son tomados por la agenda mediática o los que impactan por su crueldad en especial los domiciliarios y callejeros, sino el conjunto de ellos, en especial las redes delictivas, el delito complejo tales como el narcotráfico, el lavado dinero y los delitos financieros, la trata de personas, la venta y tráfico ilegal de armas, los delitos ambientales, los ciberdelitos, entre otros.
El exámen de los datos muestra el impacto en el 2020 de la pandemia y la cuarentena, incluidos los cambios en la circulación, en las formas de trabajo etc., lo cual exige de un escrutinio serio no interpretarlos como descenso de los delitos y cambio de tendencia, sino anotarlos en el contexto particular para entender su significado.
Algunos datos elaborados por el Equipo de Trabajo del Sistema Nacional de Información Criminal, que integra la Dirección Nacional de Estadística Criminal, del Ministerio de Seguridad de la Nación nos permiten un contacto con la cantidad de delitos y tipo del mismo no así con la magnitud y en especial cuales son parte de redes delictivas complejas.
El universo que contabiliza el SNIC es el de los delitos que son denunciados por particulares en sede policial y aquellos que son registrados a partir de la intervención directa de las fuerzas policiales y de seguridad. Con lo cual son los delitos denunciados, y los que las estructuras estatales detectaron.
Creemos importante destacar, como un eje de particular preocupación, el incremento sostenido desde 2017 de los “delitos contra la integridad sexual” y los femicidios.
Respecto a los femicidios, un factor que ha actuado como determinante en el agravamiento ha sido y es la situación de contexto de pandemia, como dato concreto, durante el año 2020, un 62,6 % de los hechos ocurrieron en un domicilio particular, lo que explica su agudización pero no lo hace en su totalidad, a modo de ejemplo de esto último cabe agregar que el índice que le sigue son los hechos producidos en la vía pública: 27,3 %.[1]
Se tratan de indicadores, de suma importancia para el diagnóstico de las violencias contra las mujeres (cis, trans y travestis) y por ende su implicancia en las políticas públicas específicas.
[1] Informe Muertes violentas y otras violencias contra las mujeres- República Argentina 2017-2020 – Ministerio de Seguridad de la Nación – Dirección Nacional de Estadística Criminal
Tasa y variación interanual del total de hechos delictivos/víctimas, por agrupamiento.
Total País, años 2015-2020 (valores porcentuales y tasas cada 100.000 habitantes)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Total de hechos delictivos | 3.635,6 | 3.447,3 | 3.391,8 | 3.487,9 | 3.983,7 | 3.366,3 |
| Víctimas de delitos contra las personas | 873,2 | 762,6 | 781,5 | 745,9 | 745,1 | 614,6 |
| Víctimas de delitos contra la integridad sexual | 40,1 | 29,8 | 34,5 | 38,2 | 49,3 | 63,7 |
| Total delitos contra la propiedad | 1.999,3 | 1.954,8 | 1.823,8 | 1.917,5 | 2.179,9 | 1.592,1 |
Tasa de hechos de “Delitos contra la seguridad pública”, por año y tipo de delito.
Variación interanual 2019-2020. Total país, año 2017-2020 (valores porcentuales y tasas cada 100.000 habitantes)[6]
| Tipo de delito | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variación2019-2020 |
| Fabricación, adquisición, transferencia y tenencia de explosivos y otros materiales peligrosos | 0,31 | 0,34 | 0,26 | 0,17 | -35,4 % |
| Tenencia ilegal de armas de fuego | 7,52 | 6,75 | 6,50 | 6,46 | -0,6 % |
| Portación ilegal de armas de fuego | 4,74 | 4,14 | 3,85 | 3,61 | -6,2 % |
| Acopio y fabricación ilegal de armas, piezas y municiones | 0,17 | 0,11 | 0,19 | 0,13 | -32,8 % |
| Entrega y comercialización ilegal de armas de fuego | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,01 | -92,9 % |
| Omisión, adulteración y supresión de marcaje | 0,19 | 0,42 | 0,27 | 0,25 | -9,1 % |
| Otros delitos contra la seguridad pública | 53,96 | 57,42 | 63,03 | 204,56 | 224,5 % |
Cantidad de hechos por “Infracciones a la Ley 23.737”, por tipo de delito. Variación interanual.
Total país, años 2019-2020 (valores absolutos y porcentuales)
| Ley 23.737 desagregada | 2019 | 2020 | Variacióninteranual | ||
| Cantidad | % | Cantidad | % | ||
| Siembra y producción de estupefacientes | 848 | 0,9 | 960 | 1,7 | 13,2 % |
| Comercialización y entrega de estupefacientes | 6.634 | 6,7 | 5.012 | 8,8 | -24,4 % |
| Tenencia o entrega atenuada de estupefacientes | 1.299 | 1,3 | 630 | 1,1 | -51,5 % |
| Desvío de importación de estupefacientes | 1.475 | 1,5 | 72 | 0,1 | -95,1 % |
| Organización y financiación de estupefacientes | 208 | 0,2 | 167 | 0,3 | -19,7 % |
| Tenencia simple de estupefacientes | 12.352 | 12,5 | 9.253 | 16,2 | -25,1 % |
| Tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes | 52.745 | 53,3 | 30.405 | 53,1 | -42,4 % |
| Confabulación de estupefacientes | 107 | 0,1 | 68 | 0,1 | -36,4 % |
| Contrabando de estupefacientes | 560 | 0,6 | 382 | 0,7 | -31,8 % |
| Otros delitos previstos en la Ley 23.737 | 22.768 | 23,0 | 10.263 | 17,9 | -54,9 % |
| Total Ley 23.737 (estupefacientes) | 98.996 | 100,0 | 57.212 | 100,0 | -42,2 % |
La comparación entre ciudades o distritos de la tasa de homicidios también es un dato relevante para tomar en cuenta la evolución de este tipo de criminalidad. Por ejemplo Rosario y la Ciudad de Córdoba tienen una población similar, sin embargo cuando se examina la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes la de Rosario en el 2020 fue de 16,4 y la de Córdoba 3,2. Por supuesto que la diferencia se marca centralmente por una presencia mayor del narcotráfico en especial en forma de carteles en la ciudad santafesina.
También se podría comparar con La Matanza con más habitantes que la ciudad de Córdoba, y con una tasa de 6,8 superando a la media nacional que ronda el 5,3. En la Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa media de 4, pero en la comuna 4 (nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca) la tasa es 12,1, mostrando las diferencias entre zonas dentro de la propia ciudad capital.
La violencia Institucional parte del problema y de la inseguridad
En la historia argentina la violencia institucional, la violencia del estado contra su pueblo ha sido una de las constantes más dramáticas y oscuras. Los ciclos neoliberales tanto en dictadura como durante los procesos democráticos han rediseñado el estado, parte de ello fue un estado subordinado al capital financiero y el poder concentrado, pero feroz con las personas, grupos y clases que resistieron sus políticas, con los excluidos, con las víctimas jóvenes de la desocupación, la pobreza y el hambre.
Diversos estudios sostienen que desde la restauración democrática hasta el 2021 la violencia institucional provocó 8174 muertos. A esto hay que sumar las acciones de las policías en las barriadas populares, el chantaje y violencias diversas sobre los niñas, niños y jóvenes de las periferias de los centros urbanos de todo el país.
Las comisarias y cárceles son superpobladas mayoritariamente por jóvenes pobres, donde se registran tortura y malos tratos como forma de gobierno y sometimiento. Tomando el conjunto de instituciones de detención la tasa de prisionización sigue creciendo, la mayoría de las personas con prisiones preventivas.
El viejo paradigma de seguridad, sumado a un poder judicial machista, clasista, y en muchos casos cooptados por el poder real, sumado a las autonomía de las policías y las tendencias al engaño de la mano dura por dirigentes políticos y/o estatales junto a promover mas ineficacia en mejorar la seguridad ha derivado en mas violencia y la violación de derechos humanos.
Las llamadas políticas de mano dura mostraron que fueron y son un engaño hacia la población deseosa de mejores condiciones de seguridad. Esas políticas derivaron en órdenes formales e informales producidas desde dirigentes estatales que impulsan la arbitrariedad, la impunidad de los que violan los protocolos y normas de actuación proporcional y racional del uso de la fuerza estatal. El resultado son el gatillo fácil, verdaderos fusilamientos en especial de jóvenes.
Las convocatorias y luchas contra la violencia institucional, tanto de los organismos de derechos humanos como de organizaciones sociales permitieron avanzar por ejemplo en el Programa Nacional contra la violencia institucional, y la creación del Comité Nacional de prevención de la tortura y de varios organismos locales, sin embargo la violencia institucional es una deuda inmensa de la democracia y las instituciones.
Aún con la gravedad del tema no se aprobó una ley integral sobre la prevención y erradicación de la violencia institucional que aprobada en comisión todavía no se discutió en el recinto de la Cámara de diputados de la Nación.
La violencia institucional ha tenido un capítulo grave en los intentos de convertir al pueblo mapuche y otras comunidades en enemigos internos. Las acciones de personal de seguridad, los discursos de dirigentes estatales utilizando acusaciones de terrorismo a reclamos sociales de indígenas, la estigmatización en muchos medios de comunicación. Las muertes de Santiago Maldonado, y de Rafael Nahuel son parte de esa historia, con muchas más víctimas, heridos, detenidos, expulsados, por la colusión y complicidad donde confluyen el poder de los Lewis y otros terratenientes, los intereses inmobiliarios, jueces, fuerzas seguridad y gobernantes como Patricia Bullrich que promovieron la planificación de las represiones que sufren esas comunidades.
Enfrentar la violencia institucional y superarla es construir una nueva etapa del Nunca Más. Entre otros elementos y políticas necesita:
a) Transformar el paradigma de seguridad y las fuerzas federales y provinciales. Reformar profundamente el poder judicial. Romper la dependencia de los fiscales de la investigación policial en casos donde esté vinculado personal de cualquiera de esas fuerzas.
b) Regulación estricta del uso de las armas por el personal de las fuerzas de seguridad.
c) Despenalizar y no reprimir la protesta social.
d) Prohibición expresa y controlada de tener personas detenidas en las comisarías. Control de cupos en las cárceles federales y provinciales.
e) Convertir la tortura en un lugar de detención o guarda a cargo del estado en imprescriptible.
Propuestas
Políticas Públicas para una seguridad democrática y comunitaria
1. Reforma integral del Poder Judicial, en particular de la Justicia Penal
Para la mayoría de los argentinos, sin importar a quien voten o apoyen tienen en claro los graves problemas que tienen los sistemas de justicia -provincial y federal-, con la Corte incluida, y que ellos son de larga data. La justicia en general y la penal en particular son un servicio de justicia lejano de la sociedad -no solo por sus contenidos y decisiones- tanto por su lejanía física como la lentitud y burocratización de la misma. A la vez es ultra conservadora, clasista, machista. Está colonizada por los intereses de los grupos concentrados del poder económico, y tiene pactos oscuros partidarios con los sectores de la derecha.
Sin una reforma profunda del poder judicial la democracia y los derechos que implican están arbitrariamente debilitados o negados. No es un problema ligado solo a las estructuras políticas, sino que toda la sociedad es dañada por la crisis de legitimidad de la Corte y de todo el sistema judicial.
Por supuesto que esto exige transformar al propio Ministerio público fiscal en especial a su cabeza. La extrema partidización que llevó adelante el Gobierno de Mauricio Macri, la decisión del procurador interino de no renunciar impide un proceso de transparencia. Esta actitud del Dr. Eduardo Ezequiel Casal que parece estar vinculado a lograr y garantizar la impunidad de los miembros del gobierno anterior es una gran traba para el proceso de reformas democráticas eficaces que proponemos. La incapacidad hasta hoy de elegir un nuevo Procurador es parte de las debilidades de la política en general y del gobierno en particular.
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2. Reforma del sistema de Seguridad hacia un modelo de Seguridad Democrática y comunitaria, innovador y eficaz
Conducción civil de la Seguridad
Todos los gobiernos (nacionales y provinciales) tienen la obligación y responsabilidad de la conducción civil y estratégica de las policías, que presupone tanto la dirección como el control de las instituciones de seguridad en la búsqueda del ejercicio pacifico de los derechos de todos los habitantes. La prevención y la sanción de modo eficiente y respetuoso de la ley, los protocolos y los derechos humanos de todas y todos. Ha quedado demostrado que el autogobierno policial como forma de pactos oscuros y de gobernabilidad da lugar a mayor ineficacia, a más impunidad, a más violencia. Y crea el contexto para pactos oscuros e ilegales entre sectores de la política, las policías y judiciales.
Recuperar el gobierno civil en todos los niveles no se resuelve solo con voluntad o voluntarismo, tampoco con mujeres o varones providenciales, sino como una estrategia que permita construir las capacidades en el poder civil, estabilidad en el tiempo para asentar el proceso reformista y dotar a los ministerios de Seguridad de los instrumentos necesarios para ese proceso de construcción de la dirección civil.
La creación de policías locales o de cercanía dependientes de los municipios se realizó sin la modernización de las leyes municipales, pero sobre todo sin la capacitación necesaria de los intendentes y las débiles estructuras municipales.
Transformación/democratización/capacitación de las Fuerzas de Seguridad Federales y provinciales.
La transformación de las policías necesita recorrer dos procesos en paralelo y que marcan toda una etapa de transición. Por un lado, que los cuadros superiores de las fuerzas estén consustanciados con el sentido de la reforma, transformación y modernización del papel de las fuerzas de seguridad. Lo cual implica romper los pactos internos, el disciplinamiento autoritario utilizado por los estados mayores hacia su propia fuerza, y depurar esos estados mayores de personal vinculado a los circuitos de recaudación ilegal o ilegalidades diversas incluidos los posibles vínculos con el narcotráfico o la regulación de delitos en los territorios. Y en segundo lugar poner como eje de la organización, capacitación y acción de las fuerzas la prevención y persecución del delito. Es decir, superar el viejo rol de control social sobre la población, en especial de los que protestan, de los jóvenes, de los excluidos, de los indígenas, de los trabajadores organizados o de los opositores. Lo que parece una verdad de Perogrullo en realidad es una de las claves para un nuevo paradigma de las fuerzas de seguridad en el país.
Este enfoque permitirá superar las tendencias a la militarización de las fuerzas policiales que las exponen como fuerzas brutas contra su propio pueblo, y que, en términos de la prevención, la resolución pacífica de conflictos y en la investigación compleja las desprofesionalizan. Cuya eficacia en muchos casos se limita a la flagrancia de delitos callejeros y domiciliarios.
Creación de una Agencia Federal para los delitos complejos y el crimen organizado.
El avance o desarrollo de las redes delictivas complejas necesita desde el estado nacional la creación de los instrumentos necesarios para llevar adelante la persecución, investigación, y detención de los actores principales y de conducción de esas redes y no solo de los eslabones bajos y fungibles de esas estructuras. Los delitos tales como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, la venta ilegal de armas, los delitos financieros, necesita de un cuerpo de investigadores con la capacidad de develar los lazos de esas estructuras, desbaratar las formas de ocultamiento de las rutas del dinero en muchos casos en colusión con estructuras financieras legales o por lo menos con esa apariencia.
La capacidad de corrupción y violencia del narcotráfico y en general de estas redes implica que la idea de provincializar su combate que parecería un acto de compartir responsabilidades y de federalismo dada la realidad de las fuerzas policiales provinciales, y en muchos casos los vínculos de esas redes con sectores políticos o judiciales se convierte o pueden hacerlo en un error estratégico que solo ayude a la instalación de organizaciones delictivas más fuertes y más difíciles de erradicar.
Una agencia federal del tipo que proponemos al debate dependiente de la Procuración General de la Nación sería un instrumento clave en la investigación penal y criminal. Como hemos sostenido esto exige transformar al propio Ministerio público fiscal.
Regulación por ley de la Inteligencia Criminal y la Inteligencia Penal
La historia larga y sobre todo reciente del país demostró que una de las principales deudas de la democracia es la necesidad de una transformación de las actividades de inteligencia estatal.
Es necesario un debate profundo y transparente en torno a la regulación de la inteligencia, elaborar una nueva conceptualización para impedir no solo los vacíos legales sino las prácticas ilegales que se han llevado a cabo. El reemplazo de la SIDE por la AFI, y luego de la utilización de diversas formas de utilización de la “inteligencia” para perseguir opositores o hacer negocios que el gobierno anterior hizo, la intervención de la AFI ha sido un paso en sentido correcto.
Ese camino debe ser profundizando la separación de las distintas formas de inteligencia y objetivos que persiguen los actores de la misma. Superando la idea y práctica de la comunidad de inteligencia que rompió los marcos y regulaciones de las tareas de cada actor. En nuestro caso nos abocamos centralmente a la Inteligencia Criminal, es decir a la destinada a la producción de información para el establecimiento de políticas públicas de seguridad, la política criminal, la investigación de las redes delictivas y también en los casos de causas penales concretas.
La discusión que proponemos debe tanto promover las capacidades necesarias como la regulación de las actividades de inteligencia para que no vulneren ni los derechos y garantías de las personas, como tampoco el estado de derecho. El país necesita superar las prácticas que permitieron la aparición de una inteligencia estatal y paraestatal ilegales que combinó funcionarios políticos, agentes, espías, jueces y fiscales , como también dar respuesta a los nuevos desafíos que la tecnología trae para la prevención y persecución del delito. La falta de regulación de estas últimas lleva a un estado autoritario a un control social sobre la base del ojo del gran hermano que destruye derechos, privacidad y libertades. Regulación de la utilización de la inteligencia artificial en lo referido a la seguridad y del llamado ciberpatrullaje como inteligencia criminal.
3. Políticas de fortalecimiento de la lucha contra la violencia institucional
Es necesario y urgente derogar todas las leyes, decretos, protocolos, directivas internas que criminalizan la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niñas y niños en situación de riesgo, de los pueblos indígenas en especial de los que reclaman por sus derechos. Como las que apuntan a generar la construcción del enemigo interno como arquetipo de la persona o grupo que de por sí produce miedo social y pone en movimiento por sola presencia el sistema represivo y penal.
Promover una profunda reforma del sistema de encarcelamiento nacional y provinciales que incluya la desmilitarización de los servicios penitenciarios, la democratización y profesionalización del sistema de encierro. Establecer el cumplimiento de la obligación de mantener personas presas en comisarías. Implementar el cumplimiento de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas de libertad en las Américas (CIDH), de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (ONU) y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU.
4. Control externo de las fuerzas de seguridad y participación popular en la elaboración del diagnóstico y de las políticas públicas.
La participación comunitaria, es uno de los modelos de prevención que reclama el protagonismo de la comunidad, pero convocada a través de su entramado organizacional. Esto la diferencia de la prevención comunitaria.
La prevención participativo-comunitaria, la comunidad no es entendida como una sumatoria de ciudadanos sueltos que participan individualmente sino de ciudadanos organizados, individuos que se nuclean para pensar y debatir colectivamente e imaginar soluciones creativas a los problemas que se les presentan cotidianamente.
De allí también que la comunidad no sea una entidad homogénea sino algo heterogéneo. En ella participan distintas organizaciones compuestas por distintas clases sociales, que pueden tener también diferentes concepciones del mundo, creencias e intereses.
En segundo lugar, la comunidad es participada pero no sólo para evitar que sus miembros sean potenciales víctimas. Interviene no sólo sobre el delito sino además sobre los factores que pueden desembocar en conductas ilegales, violentas y conflictos sociales de diverso tipo.
En esta concepción que proponemos los ciudadanos no son individuos pasivos con opiniones que alguna vez pueden ser levantadas o medidas por los periodistas a través de encuestas, sino actores protagonistas de los distintos debates que tienen lugar y que los involucra directa o indirectamente.
Las experiencias de participación ciudadana en las experiencias reformistas en seguridad ciudadana deben ser sometidas a un análisis crítico para mejorar e idear formas de participación permanente. Y evitar el copamiento por las estructuras burocráticas policiales que en muchos casos desvirtuaron a los foros vecinales.
A la vez la participación ciudadana es una de las formas de control externo de las fuerzas de seguridad sobre todo de las policías de cercanía, y pueden aportar a superar el modelo donde las policías regulan el delito en los territorios y son parte de las zonas grises con la ilegalidad.
La existencia de las normas y leyes que impulsan y regulan la participación ciudadana es disparar en las provincias, sumado a ello los retrocesos en la importancia que los estados les atribuyen quedá a las claras que hay un camino por transitar para reelaborar y volver a instalar el protagonismo popular en una problemática que preocupa a gran parte de la población del país.
