por Alejandro Mosquera
La reforma del Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), el lanzamiento del “Operativo Roca” que habilita la intervención de militares en tareas de seguridad interior, y el reciente Plan de Inteligencia Nacional (PIN) aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), configuran un mismo movimiento regresivo. No se trata de iniciativas aisladas, sino de un reordenamiento autoritario del aparato de seguridad, que promueve la discrecionalidad policial, la militarización de la vida civil y el espionaje interno contra la disidencia política y social.
Detrás de la retórica de la modernización, el “combate al delito” o la “defensa del interés nacional”, se asiste a una transformación sustancial del Estado de derecho: se expande la vigilancia estatal, se criminaliza la protesta y se debilitan los controles institucionales sobre fuerzas que actúan cada vez con menos límites.
Es imposible separar estas políticas de las represiones a los que protestan, la persecución y difamación sobre lideres opositores, sobre periodistas, sobre artistas, el sabotaje y desconocimiento del Congreso de la Nación y la desfinanciación de las provincias como parte de la acción de disciplinamiento. Ni tampoco de la verborragia agresiva y amenazante del presidente Javier Milei o del ejército de trolls para estatales. Todo expresa una tendencia a profundizar el estado autoritario, la negación del estado de derecho y la destrucción de la democracia.
1. Una reforma policial por decreto y sin Congreso
El nuevo estatuto de la PFA, sancionado por el decreto 383/2025, modifica de manera profunda las funciones y objetivos de la fuerza, sin intervención del Congreso Nacional. La reforma excede las facultades delegadas por la Ley Bases y contradice abiertamente normas de jerarquía superior como la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Protección de Datos Personales.
Se introduce un cambio de paradigma: la misión principal ya no es la seguridad pública, sino la “seguridad del Estado”, una categoría ambigua que remite a doctrinas autoritarias. En su nombre, se legalizan prácticas como la detención por averiguación de identidad, los cacheos indiscriminados, el ciberpatrullaje en redes sociales, la elaboración de prontuarios y la actuación de la PFA en provincias sin autorización de los gobernadores. Estas facultades, ajenas a un Estado democrático, permiten la represión preventiva y el disciplinamiento social de sectores vulnerables y opositores.
2. “Operativo Roca”: militarización y represión en territorios de frontera
A través de la resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, el gobierno nacional desplegó a las Fuerzas Armadas en la zona norte del país en tareas de seguridad interior, bajo la justificación del “Operativo Roca”. Este operativo no sólo reedita un nombre asociado al genocidio indígena, sino que además viola expresamente la Ley de Seguridad Interior (24.059), que prohíbe la intervención militar en funciones de seguridad salvo en condiciones excepcionales y con acuerdo legislativo.
El Ministerio habilitó a los militares a detener civiles por casos de supuesta “flagrancia”, algo que la ley no permite y que expone al personal castrense a responsabilidades penales por exceso de funciones. Esta medida se da en el marco del llamado “Plan Güemes”, ya responsable por la muerte de Fernando Gómez, trabajador informal de la frontera en Orán, Salta. La criminalización de comunidades originarias, trabajadores precarizados y población rural es parte de este giro militarista y represivo, sostenido en resoluciones de carácter reservado y sin control parlamentario.
3. El Plan de Inteligencia Nacional: persecución ideológica legalizada
La aprobación del nuevo Plan de Inteligencia Nacional por parte de la SIDE implica un salto cualitativo en la consolidación del Estado de vigilancia. La denuncia penal presentada contra Sergio Neiffert y Diego Kravetz —titulares de la SIDE— da cuenta de un dispositivo ilegal que habilita tareas de identificación, monitoreo y acopio de información sobre organizaciones sociales, actores políticos, comunidades indígenas, periodistas, artistas, ambientalistas y economistas críticos.
El PIN propone seguir la “conflictividad social”, rastrear “actores de interés” sin definición legal, y perseguir a quienes “erosionen la confianza institucional” o “promuevan la polarización política”. De esta forma, la crítica política, el activismo ambiental y la protesta social son equiparados a amenazas a la seguridad nacional. La ampliación del concepto de terrorismo al “anarquismo ideológico” o al “obstáculo al desarrollo extractivo” confirma una lógica persecutoria con objetivos políticos y económicos.
Además, el PIN ordena vigilar instancias internacionales de protección de derechos humanos, cooperación ambiental o defensa del patrimonio natural, configurando un cerco sobre los vínculos internacionales de las resistencias locales. Todo ello se realiza en violación de la Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520, que prohíbe expresamente que los servicios de inteligencia se utilicen para influir en la opinión pública o perseguir ideas.
4. Conclusión: Estado de excepción permanente
Las tres iniciativas —la reforma policial por decreto, el despliegue militar en zonas de frontera y el PIN— configuran una arquitectura de excepción institucionalizada. En lugar de mejorar la eficiencia del Estado, se construye una maquinaria orientada al control social, la represión preventiva y la vigilancia ideológica.
Esta ofensiva legal y operativa se produce en un contexto de creciente conflictividad social, ajuste económico y protesta ciudadana. La respuesta del Estado, lejos del diálogo democrático, es ampliar su poder represivo y silenciar las voces disidentes.
Lo que está en juego no es solamente la legalidad de ciertas medidas, sino la naturaleza del régimen político que se está construyendo. Frente a este avance del Estado de vigilancia y represión, es urgente recuperar el principio de legalidad, restituir los controles parlamentarios, proteger las libertades públicas y garantizar que la seguridad no se convierta en sinónimo de obediencia forzada.
