Por Eduardo Hernández*
El balance de gestión de los primeros cinco meses de Milei transparenta como nunca antes la intención de “ir por todo” por parte de los sectores del poder económico concentrado, abriendo las importaciones para aniquilar la industria nacional, comprando a precio vil las empresas del estado, creando las condiciones para que empresas extranjeras se apoderen de los recursos naturales y llevando los salarios y jubilaciones a niveles ínfimos para aumentar la rentabilidad de las grandes empresas. La resistencia a esta ofensiva está planteada desde las organizaciones del campo nacional y popular para evitar la mayor tragedia histórica para el país y su población. Tal vez éste sea el momento sumar a la resistencia nuevas propuestas que muestren un futuro diferente para nuestro pueblo.
La concentración económica avanza en gran parte del mundo, destruyendo las economías locales, fomentando las guerras, provocando el colapso ambiental. Argentina no es una excepción. Hemos comprobado reiteradamente en la historia reciente de nuestro país el accionar depredador de los sectores dominantes, y también cómo enfrentaron a los gobiernos populares que intentaron poner límites a su codicia ilimitada. Recordamos las derrotas que significaron la anulación de la Ley de Medios, el fallido proyecto de ley de entidades financieras de 2010, la frustrada intervención de Vicentín – entre muchos otros ejemplos – en los que no alcanzó con la participación ciudadana, la acción parlamentaria y las movilizaciones para acompañar aquellas decisiones que discutían los privilegios de empresas monopólicas. Sus ilimitados recursos económicos, sumados a la complicidad del poder judicial y los medios de difusión determinaron el fracaso de las gestiones que procuraron mayor equidad y justicia social.
Nuestro pueblo es víctima del manejo arbitrario e irresponsable de precios y tarifas, sujetos a la voluntad de un puñado de empresarios para los cuales la única clave es una rentabilidad que no existe en el resto del mundo. Paralelamente, se va desarrollando en la sociedad un marcado individualismo que conduce a la fragmentación social. El modelo neoliberal solo une a los individuos a través del consumo e incentiva conductas discriminatorias y violentas.
Tal vez llegó el momento de recorrer un camino que ya existe, pero no siempre es visualizado como una alternativa para defender los derechos de las mayorías: el asociativismo en general, y el cooperativismo en particular.
Existe una visión sesgada de las empresas económico-sociales que las vincula a la periferia del capitalismo, insignificantes y sin una proyección importante en el mercado. Sin embargo, el cooperativismo argentino representa más del 10% del PBI, nuestras cinco cooperativas más importantes – entre ellas Asociación de Cooperativas Argentinas y Agricultores Federados Argentinos – figuran en el ranking de las entidades más destacadas del mundo y además hay multitud de cooperativas de trabajo en el área industrial volcadas al área alimentaria.
¿Qué ocurriría si se estimulase la integración de todo el cooperativismo de producción? Por supuesto debería aparecer con energía y decisión el apoyo estatal para posibilitar que tanto en el mercado interno como en la exportación se forjara un polo para competir con los actores monopólicos que hoy manejan casi todos los rubros. Si este torrente productivo pudiera articularse con un fuerte desarrollo de las cooperativas de consumo, la población podría acceder a valores justos y accesibles en la mayoría de los alimentos, que competirían con la oferta monopólica.
También en este sector existe una tradición y un ejemplo concreto: la Cooperativa Obrera, que garantiza no solo la llegada a los asociados de artículos con precios justos, sino la posibilidad de brindar una salida comercial a una importante cantidad de cooperativas de trabajo y pymes.
Si se pudieran articular las políticas públicas del Estado con la firme participación del movimiento cooperativo podríamos aspirar a construir una auténtica soberanía alimentaria.
Otro ámbito a impulsar a través de las empresas económico-sociales es el área del hábitat. Existen terrenos fiscales e inmuebles estatales sin uso que podrían ser utilizados por las cooperativas de vivienda, y romper así el paradigma de la imposibilidad del acceso a un hogar digno para millones de compatriotas.
Varias ciudades y provincias tienen una enorme trayectoria en el cooperativismo de servicios públicos (energía eléctrica, gas, agua, telefonía, internet, etc.). Si se avanzara en su integración y se jerarquizara su participación podrían avanzar a conquistar espacios hoy manejados por empresas casi siempre extranjeras que imponen tarifas desmesuradas.
En el ambicioso programa de acción asociativa se sumarían varios actores importantes: la trayectoria y experiencia del movimiento cooperativo, el respaldo del Banco Credicoop, ubicado entre los cinco bancos más importantes del país, el conjunto de Empresas Recuperadas, cooperativas de trabajo que cada día conquistan más segmentos del mercado, y el creciente sector de la Economía Popular, fundamental en la generación de empleo.
El desafío es articular el rol del Estado con el accionar del movimiento cooperativo, uniendo recursos humanos y económicos para presentar una alternativa a un mercado que solo garantiza riqueza para unos pocos y un creciente empobrecimiento de las mayorías populares.
La participación como condición
En la actualidad existen algunos cuestionamientos sobre las cooperativas, casi siempre referidas a su manejo empresarial. Deben computarse resonantes fracasos en cooperativas importantes, siempre vinculados a niveles gerenciales que se convierten en conducción excluyente, ignorando las decisiones de las máximas autoridades: la Asamblea y el Consejo de Administración. Por lo general los gerentes toman decisiones unilaterales cuando hay escasa o nula participación de los asociados en los órganos de gobierno. Solo el debate democrático del conjunto de los asociados y la relación fluida con los niveles gerenciales constituyen la garantía de una gestión responsable. Y deben sumarse la capacitación y educación cooperativa en todos los niveles, sin olvidar que el asociativismo va a contramano del capitalismo, y para esas batallas debe mantener su fortaleza constantemente.
Después de su segundo mandato, Cristina Kirchner señalaba: “nunca tuve más del 30% del poder real”. Y lo decía quien se animó a enfrentar en reiteradas oportunidades al poder económico concentrado, que hoy se muestra exultante ante la posibilidad de crecer aún más. El coraje y la decisión de los gobiernos populares es una condición indispensable, pero tal vez mejores resultados aparecerán si se incorporan la creatividad y la exploración de otros caminos.
Más allá de la batalla de todos los sectores populares para derrotar el proyecto de Ley Bases y el nefasto DNU, debemos repensar cómo construir después del daño causado por la nueva avanzada neoliberal. Y no dejar de considerar nuevas estrategias para diseñar un modelo económico, social, cultural y ambiental basado en la autogestión colectiva, que permita a nuestra sociedad vivir en un clima de cooperación y solidaridad.
*Eduardo Hernández: *Integrante de cooperativas y cámaras gremiales empresarias. Promotor y difusor del asociativismo a través de los medios radiales, gráficos y televisivos
